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  • En Colombia se volvió costumbre que muchas empresas grandes les paguen a sus proveedores, pymes y microempresas con plazos de 90, 120 o 180 días. Algunos, incluso, van más allá. Con esta estrategia juegan a mejorar sus márgenes de rentabilidad, y hacen un negocio financiero a costa de las compañías pequeñas que deben lidiar con la iliquidez, costos mayores y deudas crecientes. Esto es el mundo al revés porque los pequeños negocios terminan por financiar a los grandes.

    Ante esta problemática toma fuerza en Colombia la idea de regular esos plazos, lo que ya han hecho otros países como Chile, España y Reino Unido. Se trata de ponerle coto a un problema grave para el desarrollo empresarial nacional, pues las pymes no solo representan cerca de una tercera parte del PIB, sino que generan más del 90% del empleo. Así lo explica Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, quien radicó a finales del año pasado un proyecto de ley denominado «Pago a plazos justos».

    Toro asegura que de cada 10 empresas que crean los colombianos «solo 3 sobreviven al cabo del primer año. Y de esas 7 que fracasan en los primeros meses, cerca de la mitad aduce problemas de flujo de caja generados por estos temas». En sus cuentas, en Colombia pagan las facturas en un promedio de 110 días, es decir, entre 3 y 4 meses. Su proyecto busca fijar unos tiempos máximos que inicialmente serán 60 días, en 5 años se reducirán a 45 días, y al cabo de otros 5 años llegarán a 30 días.

    Pero el pago tardío no es el único escollo. Muchas empresas les prohíben a sus proveedores vender sus facturas con descuento a un tercero -mecanismo conocido como factoring-, y las obligan a transar solo con los bancos con los que tienen convenio o con ellas mismas. Esto va ligado a que conceden descuentos excesivos so pena de aplicarles retaliaciones comerciales y limitarles las posibilidades de financiamiento.

    Algunos grandes jugadores también utilizan maniobras para evadir o alargar los periodos de pago al dejar en cabeza del proveedor temas como la recolección de firmas de aprobación, enmendar los errores o conseguir nuevos documentos. Por esto, el proyecto de Toro busca también regular el tema del factoring y limitar las prácticas dilatorias, dejando en cabeza de la gran empresa la responsabilidad de los procesos de pago.

     

    Algunos gremios y grandes compañías ya se han manifestado contra la idea de regular los plazos de pago. Argumentando que los países de la OCDE tienen un promedio de 60 días y pretender acortarlo afectaría sus márgenes de operación, sus utilidades y, por lo tanto, el empleo que genran. Además, no pocos piensan que la ley podría causar un efecto contraproducente al hacer que las grandes dejen de comprarles a las más pequeñas en las nuevas condiciones.

    Las quejas de los pequeños han llegado al Gobierno, que ha respaldado el proyecto. Sin embargo, tiene la sensación de que a esta iniciativa le falta mayor concertación, integralidad y gradualidad. Por eso, incluirá los temas de esta propuesta en una nueva ley para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El Ministerio de Comercio presentará este proyecto en la legislatura que comenzará en marzo próximo.

     

    Artículo tomado de Revista Semana

     





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